Un tribunal venezolano ha privado de la libertad a dos personas al aplicarles la “ley contra el odio” aprobada en noviembre por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente por su participación en una protesta con cierre de calles en el estado costero de Carabobo.

“El Tribunal (…) condenó a los ciudadanos Erika Palacios y a Ronald Sevilla por la comisión de los delitos de detentación de sustancias incendiarias y artefactos explosivos”, reza un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia el que se indica que estos ciudadanos cerraron una calle “con cauchos, piedras y basura”.

Los detenidos fueron declarados culpables también por delitos de “instigación pública”, “obstaculización de la vía pública” e “instigación al odio”, todos ellos contemplados por la “Ley Constitucional contra el Odio” de la Constituyente.

Palacios y Sevilla son las primeras personas condenadas en aplicación de la polémica “ley contra el odio”, que según sus detractores busca arrinconar la libertad de protesta y de expresión en Venezuela.

Según la nota -que no especifica la pena recibida por las dos personas pese a decir que fueron condenadas-, los privados de libertad fueron detenidos por la policía municipal de la localidad de Naguanagua, en el estado Carabobo, mientras cortaban la avenida Universidad del citado municipio.

La ley, que fue calificada de “totalitaria” por la oposición y por buena parte de la sociedad civil, prevé sanciones de entre 10 a 20 años de cárcel para quien “públicamente incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona” o colectivo “en razón de su pertenencia (…) a un grupo social, étnico, religioso o político”.

Según medios locales, Palacios y Sevilla fueron arrestados el pasado 3 de enero.

Instaurada en agosto del año pasado para redactar una nueva Carta Magna, la Asamblea Nacional Constituyente se ha arrogado las competencias legislativas del Parlamento (el único poder del Estado en manos de la oposición) y ha aprobado desde entonces numerosas leyes, entre las que se encuentra la “ley contra el odio”.

Tanto la oposición como la Unión Europea, Estados Unidos y los países de mayor peso de la región consideran “ilegítima” a la Constituyente -conformada exclusivamente por chavistas- y no reconocen sus decisiones