Ha habido a lo largo de la historia una costumbre y práctica detestable, sobre todo en los países con modelos políticos totalitarios,

pretender pronunciar bajo un mismo concepto elementos tales como: país, patria, partido político república, nación, Estado.

De estas consideraciones ya nos habíamos ocupado en artículos anteriores. Sin embargo, nuestro propósito e insistencia viene por la trama compleja que resulta manejar en la actualidad, en Venezuela, la anterior madeja de vocablos señalados.

Cuando no se tiene cultura democrática, de tolerancia a la opinión antagónica y al disenso de ideas, se vuelven escabrosas las relaciones entre el Estado, la Nación y la Sociedad Civil.

A mucha gente le produce piquiña cuando nos atrevemos a recordarles que una cosa es su organización partidista, y otra, bastante diferenciada, el Estado.

Las organizaciones partidistas, de ideologías totalitarias, se vuelven sibilinas o descaradas en función de gobierno; y meten en su mismo saco de intereses las competencias correspondientes al Estado, que están suficientemente atribuidas, contempladas y delimitadas en la Constitución Nacional.

El Estado por definición y principio representa a todos los ciudadanos que ocupan un lugar geográfico que es la Nación, regidos bajo un específico sistema jurídico y explícito reconocimiento internacional. Todos somos el Estado.

Los ciudadanos requieren la activa participación del Estado como garante del orden y de la armonía social.

Cuando el Estado se circunscribe a sus loables y clásicas funciones los países prosperan.

La perversión estriba cuando el gobierno, que por circunstancias detenta la administración de los asuntos del Estado, descuida su objetivo primordial para asumir un protagonismo innecesario en las múltiples actividades, que son exclusiva de la Sociedad Civil. A partir de tales abusos del gobierno las naciones se empobrecen, y como consecuencia el gobierno irrespeta al Estado y se hace irrespetar por la ciudadanía.

Un gobierno irrespeta al Estado cuando detectamos que la composición del gobierno se basa casi en la exclusividad de funcionarios ineptos en el desempeño de sus funciones.

Un gobierno cuya esencia y razón de ser es la pillería irrespeta al Estado; así además, se irrespeta al Estado cuando el gobierno comete peculado de uso, al desviar para fines particulares los recurso propios del Estado.

Un gobierno que no satisfaga las necesidades mínimas de la Sociedad Civil irrespeta al Estado, que como ya hemos señalado es toda su gente, sin diferenciaciones.

Un gobierno tracalero irrespeta al Estado cuando obliga a la Sociedad Civil a inscribirse y carnetizarse en su organización política para tener opción a alguna migaja de subsistencia.

El historiador Hugh Thomas explica que la época dorada de Inglaterra (siglos XVIII-XX) transcurrió plena de éxitos debido a que los gobiernos y el Estado concentraban sus energías en establecer el imperio de la ley, dejando a los individuos la libre creación de la riquezas, las inventivas y expresas manifestaciones de voluntad de progreso.

Precisamente por tales hechos los ciudadanos le conferían al Estado profundos respetos.

La Sociedad Civil hacía casi todo; y los gobiernos (y el Estado) hacían poco y lo poco que hacían lo hacían bien.

El Estado se ocupaba principalmente de defender la vida y la honra de sus ciudadanos. En el campo económico, el Estado se limitaba a asegurar la libre competencia, a eliminar los monopolios, a establecer patentes, a asegurar ciertas reglamentaciones urbanísticas y educacionales. Competencias bastantes trascendentes para vida de los ciudadanos, sin llegar a atropellarlos o a indignificarlos, mediante la obligación de carnetizarse.

Con qué nos conseguimos en este tramo contemporáneo, en Venezuela: el Estado luce libre; aunque atado, sospechosamente, a compromisos ominosos y oscuros frente a mafias extranjeras. Y la Sociedad Civil carece de libertad por cuanto depende del gobierno hasta para su subsistencia. Padecemos la ingrata presencia de un gobierno conculcador de todas nuestras libertades.